Abogados: asistencia en español a detenidos Montpellier Francia

Es considerablemente más habitual que las personas conozcan las leyes que rigen la conducta que deben seguir para vivir armónicamente en la sociedad que sus homólogas marítimas. La falsa creencia de que el mar resulta un espacio desconocido e inexpugnable ha llevado a más de un individuo a infringir un conjunto de leyes que en ocasiones desconoce. Hay una tendencia bastante generalizada a pensar que marineros y pescadores están en manos de la naturaleza, más que de la justicia; y esta es una circunstancia peligrosa para aquellos que permanecen tiempo de su vida u horas de su trabajo en el océano. A menudo diferentes mafias captan a pescadores para realizar envíos de mercancías. Esta situación, que se manifiesta de forma cada vez más frecuente en las aguas, se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los tribunales internacionales, puesto que trae consigo una serie de implicaciones legales como, por ejemplo, la solicitud constante de asistencia juridica por parte de los familiares y/o el abogado que asesora el caso de la persona detenida.

¿Qué factores legales deben de tenerse en consideración a la hora de conseguir asesoramiento para pescadores presos por narcotráfico o transporte de drogas?
Se debe considerar, primeramente, que las personas detenidas en el mar pueden enfrentarse a un proceso legal que está regido por más de un sistema de leyes. En una primera revisión, es importante determinar el Estado al cual pertenecen las aguas por las cuáles navegaba la persona acusada según lo establecido por los Derechos del Mar, analizando éstas desde el marco del derecho internacional.

Introducción

La competencia penal internacional es un tema de gran importancia en el mundo actual. En un mundo cada vez más globalizado, los crímenes internacionales son cada vez más comunes y es necesario contar con mecanismos que permitan juzgar a los responsables de estos delitos. Francia, Alemania e Italia son tres países que han desarrollado un sistema de competencia penal internacional muy eficaz y que se ha convertido en un modelo a seguir para otros países.

Competencia penal internacional en Francia

En Francia, la competencia penal internacional se rige por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 y la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000. Además, Francia cuenta con una ley de competencia penal internacional que establece los criterios para la persecución de crímenes internacionales.

Según esta ley, Francia tiene competencia para juzgar a los autores de crímenes internacionales cuando el delito se haya cometido en territorio francés, cuando la víctima es de nacionalidad francesa o cuando el autor del delito es de nacionalidad francesa. Además, Francia tiene competencia para juzgar a los autores de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio, independientemente de su nacionalidad o del lugar donde se haya cometido el delito.

Corte Penal Internacional de La Haya

¿Qué es la Corte Penal Internacional de La Haya?

La Corte Penal Internacional de La Haya es un tribunal internacional que tiene como objetivo juzgar a individuos acusados de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y agresión. La Corte Penal Internacional fue establecida en 2002 y tiene su sede en La Haya, Países Bajos.

La Corte Penal Internacional es una corte de último recurso y solo puede intervenir en casos en los que los tribunales nacionales no han juzgado adecuadamente a los acusados o cuando los tribunales nacionales no tienen la capacidad de hacerlo. La Corte Penal Internacional puede investigar y procesar a individuos de cualquier nacionalidad que hayan cometido crímenes en los estados que han ratificado el Estatuto de Roma, el tratado que establece la Corte Penal Internacional.

Historia de la Corte Penal Internacional de La Haya

La creación de la Corte Penal Internacional se remonta a la década de 1990, cuando la comunidad internacional se enfrentó a crímenes atroces en Bosnia y Ruanda. En 1998, la Asamblea de las Naciones Unidas adoptó el Estatuto de Roma, el tratado que estableció la Corte Penal Internacional. El Estatuto de Roma entró en vigor en 2002 después de que 60 países lo ratificaran.